El magistrado ha podido vulnerar derechos fundamentales de los afectados al solicitar correos electrónicos de Blesa mediante una providencia y sin motivar.
La actuación de Elpidio José Silva, el juez que ordenó este miércoles por segunda vez el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, tiene muy enfadada a la fiscalía. El ministerio público abrió a Silva hace semanas unas diligencias de investigación a raíz de una denuncia de la defensa de Blesa. Pero ahora está “estudiando muy seriamente” interponerle una querella por prevaricación continuada”. Así lo explicó a EL PAÍS el fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid, Manuel Moix.
La fiscalía quiere indagar las irregularidades o delitos que se ciernan sobre la gestión de Blesa, pero “lo que se haga”, señalan fuentes de la fiscalía, “hay que hacerlo bien, y ajustado a Derecho, para evitar futuros problemas de nulidad de actuaciones”.
Lo que “preocupa” especialmente a la fiscalía es que Silva está cometiendo “irregularidades procesales” en la instrucción de las piezas que afectan a Caja Madrid y puede estar vulnerando “derechos fundamentales”.
La pieza matriz que dio lugar a esta investigación es el supuesto crédito impagado de 26,6 millones concedido por Caja Madrid al expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán. De ahí, fruto del testimonio de un testigo, surgió otra ramificación: el supuesto sobrecoste de 500 millones de euros que pagó Caja Madrid por la compra del City National Bank de Florida (EE UU).
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